Boletin sobre Democratizacion
¿Por qué cada vez que se elige al rector de la UBA hay quilombo? ¿Cómo funciona la Universidad? ¿Qué es la Asamblea Universitaria? ¿Qué va a pasar el 14 de diciembre? ¿Qué corno tiene que ver esto con mi carrera?
Para contestar todas estas preguntas y más, te invitamos a leer este brevísimo boletín.
La lucha por la democratizació n nos afecta más de lo que creemos. No se trata de una pelea corporativa, por cantidad de asientos en un ámbito de poder. Lo que se juega es la vigencia de la propia Universidad Pública. De un lado, quienes pretenden convertirla en una unidad de negocios privados. Del otro, los que levantamos las banderas de la Reforma Universitaria y luchamos por una Universidad Pública, Gratuita, Autónoma, Masiva y de Excelencia.
En el año 2006, los estudiantes impedimos que sesione la Asamblea Universitaria que pretendía elegir rector a un ex-funcionario de la última dictadura militar. Llegamos a la conclusión de que si esto era posible era porque algo andaba mal en la estructura de gobierno universitario. Supimos que el Estatuto vigente de la UBA fue escrito en 1958 y que nunca se había actualizado. Por eso salimos a exigir una reforma del mismo que democratice los órganos de cogobierno universitario.
La respuesta de las autoridades fue la elección del actual rector, Rubén Hallú, en medio de una feroz represión a los estudiantes que nos movilizamos aquel día. Aquella sesión se realizó en el Congreso Nacional para que los estudiantes y docentes que nos movilizamos no tuviéramos acceso, violando el estatuto universitario que indica que la Asamblea debe ser pública y en una dependencia de la UBA. Así descubrimos que las autoridades no tenían demasiados inconvenientes para violar el propio estatuto universitario que defienden.
El próximo 14 de diciembre, el rectorado pretende realizar la Asamblea Universitaria para reelegir al actual rector. Otra vez violando el Estatuto, ya que según este la Asamblea debe hacerse en marzo o abril del año que viene. Pero lo peor de todo es que mientras que Hallú había prometido reformar los órganos de gobierno luego de ser elegido, pretende ser reelecto sin cambiar una coma. De acá aprendimos que no hay que confiar en falsas promesas y que no podemos dejarnos pasar por encima otra vez.
Pero, ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mercantilizació n del conocimiento. Privatización de la Universidad.
El neoliberalismo concibió un nuevo modelo universitario, sustentado por la conformación de un “mercado educativo”. La educación, desde esta perspectiva, fue dejada de pensarse como un derecho humano básico, y pasó a considerarse un bien privado, un servicio.
Se dejaba atrás las conquistas básicas logradas por el movimiento de la Reforma Universitaria que triunfo en nuestro país en el año 1918. Es decir, una Universidad financiada por el Estado, autónoma para definir su orientación, que brinde formación masiva de científicos y profesionales, de excelencia académica y la gratuidad absoluta de las carreras.
Se apunta a la incorporación del financiamiento privado, a la adecuación de los planes de estudio según las necesidades del mercado, al arancelamiento de la formación de grado y posgrado y la restricción al ingreso a las Universidades. La expresión concreta de esta política fue la Ley de Educación Superior (LES) sancionada durante el gobierno de Menem.
El Estado jugó un papel central en este proceso de mercantilizació n. Junto a la sanción de la LES, durante todos los gobiernos de las últimas tres décadas (desde Videla hasta Kirchner, pasando por Alfonsín, Menem, De La Rúa y Duhalde) se implementó una política de desfinanciamiento de la Educación Superior.
Como complemento de este financiamiento, las Universidades salieron a buscar recursos a las empresas privadas y a generar dinero vía aranceles. Estas, que desde que el mundo es mundo solo invierten dinero si consiguen algún tipo de ganancia, comenzaron a financiar nuestra educación por medio de convenios de distinto tipo. La Universidad retribuyó este financiamiento con la adecuación del contenido y las estructuras de los planes de estudio según las necesidades de estas grandes empresas, al mismo tiempo que le suministra enormes contingentes de mano de obra barata a través del sistema de pasantías.
De esta manera, la Universidad cada vez más forma profesionales según los requerimientos de las empresas privadas y científicos acordes al financiamiento a la investigación de los temas que brindan beneficios económicos a las actividades mercantiles. Atrás quedó la generación de conocimiento crítico, la búsqueda genuina de formar profesionales y científicos para aportar a la solución de los grandes problemas del país y la sociedad. Por el contrario, hoy la máxima de la formación universitaria no es otra que el criterio de rentabilidad, al igual que en cualquier otra actividad empresarial.
¿Y en la UBA que pasa?
Junto al Estado y las empresas, el otro gran actor impulsor de estas (contra)reformas fueron las autoridades universitarias. Mientras que nuestra formación se devalúa, ellos ven engordar sus bolsillos con las migajas que les otorga la lógica mercantil que impera en la Universidad. Las autoridades universitarias no velan por mejorar nuestra formación ni por el compromiso social de la Universidad. Por el contrario, se dedican a realizar diariamente fabulosos negocios con la educación pública.
Por eso no es de extrañar que en la UBA haya más de 20.000 docentes ad-honorem, que el presupuesto no alcance ni para arreglar los baños, que los edificios se caigan a pedazos, que cada vez menos estudiantes logren terminar sus carreras y que la gran discusión de la próxima asamblea universitaria no sea sobre distintos proyectos para la Universidad, sino sobre quién va a administrar la caja de los grandes negociados.
Tampoco resulta ilógico entonces, que la Universidad acepte los fondos provenientes de la Minería Contaminante como lo hizo hace pocos meses con el caso de La Alumbrera, o que cada año multipliquen la cantidad de convenios con grandes empresas.
En la UBA actualmente prácticamente la mitad del financiamiento proviene de fuentes privadas. En algunas Facultades, las empresas aportan más dinero que el Estado. Estos “recursos propios” forman una caja sin ningún tipo de control. De esta manera, las autoridades pasaron a ser lobistas de las empresas y no representantes de la comunidad universitaria.
En este momento, la orientación privatista se intenta profundizar mediante la acreditación de varias carreras a la CONEAU, organismo creado por la LES para monitorear los planes de estudio. Esta iniciativa, que violenta la autonomía universitaria, pone en riesgo nuestra Universidad Pública y terminaría por adaptar a la UBA bajo las vigentes normas neoliberales.
La estructura de gobierno universitario.
Para imponer esta orientación a la Universidad, las autoridades se valen de un régimen completamente antidemocrático. Amparándose en un estatuto de hace más de 50 años, el claustro de profesores actual en la UBA está compuesto por sólo unos 2.000 integrantes de los más de 40.000 que tiene nuestra Universidad. Esta pequeña casta de profesores, mediante el control de los concursos, se garantiza que sus miembros siempre sean los mismos. Al contar con la mayoría automática en los órganos de cogobierno, tienen el dominio eterno de los destinos de nuestra Universidad.
Esta estructura de gobierno es la principal herramienta que le permite a esta casta impulsar la orientación mercantil de nuestra Universidad y realizar negocios millonarios con la educación pública. El gobierno colegiado es solo una fachada. Los estudiantes tenemos representació n, pero no podemos impedir que destruyan nuestra universidad. La mayoría de los docentes no tiene participación alguna y no puede representar sus intereses en el gobierno universitario.
Por eso, los estudiantes debemos luchar para terminar con las decenas de miles de ad-honorem, para exigir el financiamiento estatal, para mejorar nuestros planes de estudio, para garantizar la realización y el acceso a los concursos docentes. Y para esto, necesitamos una reforma de los estatutos y una democratizació n de los órganos de cogobierno. Por eso exigimos:
- Claustro Único Docente: para terminar con la casta de profesores que maneja la universidad a su antojo
- Aumento de la representació n estudiantil: Para que la voz de los estudiantes se haga sentir y podamos defender la Universidad Pública y Gratuita.
- Incorporación de los No-Docentes: Para que todos los trabajadores de la Universidad formen parte de las decisiones de gobierno
En el año 2006, los estudiantes impedimos que sesione la Asamblea Universitaria que pretendía elegir rector a un ex-funcionario de la última dictadura militar. Llegamos a la conclusión de que si esto era posible era porque algo andaba mal en la estructura de gobierno universitario. Supimos que el Estatuto vigente de la UBA fue escrito en 1958 y que nunca se había actualizado. Por eso salimos a exigir una reforma del mismo que democratice los órganos de cogobierno universitario.
La respuesta de las autoridades fue la elección del actual rector, Rubén Hallú, en medio de una feroz represión a los estudiantes que nos movilizamos aquel día. Aquella sesión se realizó en el Congreso Nacional para que los estudiantes y docentes que nos movilizamos no tuviéramos acceso, violando el estatuto universitario que indica que la Asamblea debe ser pública y en una dependencia de la UBA. Así descubrimos que las autoridades no tenían demasiados inconvenientes para violar el propio estatuto universitario que defienden.
El próximo 14 de diciembre, el rectorado pretende realizar la Asamblea Universitaria para reelegir al actual rector. Otra vez violando el Estatuto, ya que según este la Asamblea debe hacerse en marzo o abril del año que viene. Pero lo peor de todo es que mientras que Hallú había prometido reformar los órganos de gobierno luego de ser elegido, pretende ser reelecto sin cambiar una coma. De acá aprendimos que no hay que confiar en falsas promesas y que no podemos dejarnos pasar por encima otra vez.
Pero, ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mercantilizació n del conocimiento. Privatización de la Universidad.
El neoliberalismo concibió un nuevo modelo universitario, sustentado por la conformación de un “mercado educativo”. La educación, desde esta perspectiva, fue dejada de pensarse como un derecho humano básico, y pasó a considerarse un bien privado, un servicio.
Se dejaba atrás las conquistas básicas logradas por el movimiento de la Reforma Universitaria que triunfo en nuestro país en el año 1918. Es decir, una Universidad financiada por el Estado, autónoma para definir su orientación, que brinde formación masiva de científicos y profesionales, de excelencia académica y la gratuidad absoluta de las carreras.
Se apunta a la incorporación del financiamiento privado, a la adecuación de los planes de estudio según las necesidades del mercado, al arancelamiento de la formación de grado y posgrado y la restricción al ingreso a las Universidades. La expresión concreta de esta política fue la Ley de Educación Superior (LES) sancionada durante el gobierno de Menem.
El Estado jugó un papel central en este proceso de mercantilizació n. Junto a la sanción de la LES, durante todos los gobiernos de las últimas tres décadas (desde Videla hasta Kirchner, pasando por Alfonsín, Menem, De La Rúa y Duhalde) se implementó una política de desfinanciamiento de la Educación Superior.
Como complemento de este financiamiento, las Universidades salieron a buscar recursos a las empresas privadas y a generar dinero vía aranceles. Estas, que desde que el mundo es mundo solo invierten dinero si consiguen algún tipo de ganancia, comenzaron a financiar nuestra educación por medio de convenios de distinto tipo. La Universidad retribuyó este financiamiento con la adecuación del contenido y las estructuras de los planes de estudio según las necesidades de estas grandes empresas, al mismo tiempo que le suministra enormes contingentes de mano de obra barata a través del sistema de pasantías.
De esta manera, la Universidad cada vez más forma profesionales según los requerimientos de las empresas privadas y científicos acordes al financiamiento a la investigación de los temas que brindan beneficios económicos a las actividades mercantiles. Atrás quedó la generación de conocimiento crítico, la búsqueda genuina de formar profesionales y científicos para aportar a la solución de los grandes problemas del país y la sociedad. Por el contrario, hoy la máxima de la formación universitaria no es otra que el criterio de rentabilidad, al igual que en cualquier otra actividad empresarial.
¿Y en la UBA que pasa?
Junto al Estado y las empresas, el otro gran actor impulsor de estas (contra)reformas fueron las autoridades universitarias. Mientras que nuestra formación se devalúa, ellos ven engordar sus bolsillos con las migajas que les otorga la lógica mercantil que impera en la Universidad. Las autoridades universitarias no velan por mejorar nuestra formación ni por el compromiso social de la Universidad. Por el contrario, se dedican a realizar diariamente fabulosos negocios con la educación pública.
Por eso no es de extrañar que en la UBA haya más de 20.000 docentes ad-honorem, que el presupuesto no alcance ni para arreglar los baños, que los edificios se caigan a pedazos, que cada vez menos estudiantes logren terminar sus carreras y que la gran discusión de la próxima asamblea universitaria no sea sobre distintos proyectos para la Universidad, sino sobre quién va a administrar la caja de los grandes negociados.
Tampoco resulta ilógico entonces, que la Universidad acepte los fondos provenientes de la Minería Contaminante como lo hizo hace pocos meses con el caso de La Alumbrera, o que cada año multipliquen la cantidad de convenios con grandes empresas.
En la UBA actualmente prácticamente la mitad del financiamiento proviene de fuentes privadas. En algunas Facultades, las empresas aportan más dinero que el Estado. Estos “recursos propios” forman una caja sin ningún tipo de control. De esta manera, las autoridades pasaron a ser lobistas de las empresas y no representantes de la comunidad universitaria.
En este momento, la orientación privatista se intenta profundizar mediante la acreditación de varias carreras a la CONEAU, organismo creado por la LES para monitorear los planes de estudio. Esta iniciativa, que violenta la autonomía universitaria, pone en riesgo nuestra Universidad Pública y terminaría por adaptar a la UBA bajo las vigentes normas neoliberales.
La estructura de gobierno universitario.
Para imponer esta orientación a la Universidad, las autoridades se valen de un régimen completamente antidemocrático. Amparándose en un estatuto de hace más de 50 años, el claustro de profesores actual en la UBA está compuesto por sólo unos 2.000 integrantes de los más de 40.000 que tiene nuestra Universidad. Esta pequeña casta de profesores, mediante el control de los concursos, se garantiza que sus miembros siempre sean los mismos. Al contar con la mayoría automática en los órganos de cogobierno, tienen el dominio eterno de los destinos de nuestra Universidad.
Esta estructura de gobierno es la principal herramienta que le permite a esta casta impulsar la orientación mercantil de nuestra Universidad y realizar negocios millonarios con la educación pública. El gobierno colegiado es solo una fachada. Los estudiantes tenemos representació n, pero no podemos impedir que destruyan nuestra universidad. La mayoría de los docentes no tiene participación alguna y no puede representar sus intereses en el gobierno universitario.
Por eso, los estudiantes debemos luchar para terminar con las decenas de miles de ad-honorem, para exigir el financiamiento estatal, para mejorar nuestros planes de estudio, para garantizar la realización y el acceso a los concursos docentes. Y para esto, necesitamos una reforma de los estatutos y una democratizació n de los órganos de cogobierno. Por eso exigimos:
- Claustro Único Docente: para terminar con la casta de profesores que maneja la universidad a su antojo
- Aumento de la representació n estudiantil: Para que la voz de los estudiantes se haga sentir y podamos defender la Universidad Pública y Gratuita.
- Incorporación de los No-Docentes: Para que todos los trabajadores de la Universidad formen parte de las decisiones de gobierno
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