lunes, 11 de mayo de 2009

AUTONOMIA: ¿MITO O POSIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PODER POPULAR? (1er Encuentro)

Por Mabel Thwaites Rey


NEOLIBERALISMO Y PROTESTA SOCIAL

La larga hegemonía neoliberal de las décadas de los 80 y 90, además de sus desastrosos efectos sociales, ha impactado de manera decisiva en las prácticas concretas en torno al poder y, como no podía ser de otro modo, sobre su forma de concebirlo y enfrentarlo. Lo primero a señalar es que la noción de poder, en su acepción mas corriente, remite a los formatos en que se expresa la capacidad de hacer o de imponer la propia voluntad en los colectivos sociales. En términos políticos más acotados, el poder tiene que ver con las formas de autoridad y dominación que se inscriben en el Estado y, como contracara, con las prácticas populares que se proponen impugnarlo, contestarlo y construir alternativas al capitalismo “realmente existente”.
A partir de la expansión de la “globalización” neoliberal, se puso fuertemente en cuestión el Estado-nación, ya no sólo en cuanto a su tamaño o formato, sino a su funcionalidad con relación al mercado mundial. Y si esto es relevante para el conjunto de los estados nacionales, respecto a la periferia capitalista adquiere una dimensión crucial. Las políticas neoliberales, que corroyeron las bases económicas, sociales, políticas y culturales de las débiles democracias latinoamericanas, tuvieron como eje la más flagrante subordinación de los estados nacionales a la lógica de circulación y acumulación del capital a escala global (Borón, 2000). Esto implicó un acotamiento inédito de los márgenes de acción estatal para formular políticas públicas y, correlativamente, un resurgimiento, desordenado y contradictorio, de las prácticas sociales encaminadas a enfrentar o resolver los problemas planteados por la deserción estatal.
El proceso de reforma estructural encarado en gran parte de los países de América latina, y especialmente en la Argentina por el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), acentuó las desigualdades sociales y económicas de gran parte de la población de la región, aumentando a niveles sin precedentes la desocupación, la pobreza y la marginalidad social. En la Argentina, las consecuencias de la apertura económica indiscriminada –ligada a la sobrevaluación del peso-, la privatización de los servicios públicos y del sistema jubilatorio, y la descentralización de funciones básicas como la educación y la salud, implicaron un cambio radical en el mapa social del país. El remate se dio con el colapso del régimen de convertibilidad, que desde 1991 había logrado una precaria estabilización de precios equiparando el dólar al peso. La salida caótica de este régimen ya agotado, impuesta por el FMI, los acreedores externos y la administración de George Bush, provocó una brutal devaluación y la caída en default de la deuda pública, y llevó los índices de pobreza a un inédito 57% de la población. Todo esto tuvo un impacto muy grande sobre las formas clásicas de concebir la lucha política y la protesta social que, a su vez, se engarza con los cambios operados a escala mundial (Thwaites Rey, 2003).

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